Banco Mundial - Argumentación IV

2006-03-28T11:59:00.000-08:00

BANCO MUNDIAL Argumentación IV

El BANCO MUNDIAL, en cabeza de sus representantes Alejandra Tarazona, Estefanía Molina, Ana Carolina Lineros y José Manuel Acevedo, se complace en darles la bienvenida al Señor Presidente, su equipo de gobierno, Senadores, Medios de Comunicaciَn y en general, a todos los participantes de la simulaciَn, a este espacio que hemos destinado para tener un contacto más cercano con todos y cada uno de ustedes.

En este espacio encontrarán los diferentes comunicados que nuestra organización ha emitido a lo largo de este curso, podrán consultar así mismo información relacionada con las funciones propias del BANCO MUNDIAL y establecer contacto directo con cada uno de nosotros para el análisis, diseño y acompañamiento de ideas y proyectos en los que nuestra competencia nos permita participar.

Esperamos que este portal resulte valioso para todos y contibuya a entender de mejor forma nuestra función como BANCO MUNDIAL y organismo multilateral, en lo que queda del curso.

Le respondimos al GOBIERNO...

2006-03-28T11:55:00.000-08:00

Marzo 21 de 2006 República de Colombia: Evaluación de propuestas del Gobierno de Antonio Leal Holguín Colombia & Mexico Country Management Unit Latin America and the Caribbean Region Como resultado de la reunión sostenida entre los Representantes del Banco Mundial en Colombia y miembros del recién electo gobierno el pasado once de marzo, y con base en el documento entregado por el mismo Gobierno de la República de Colombia, el Banco Mundial elaboró el siguiente informe técnico en el que expresa su posición al respecto de las propuestas entregadas. Introducción Partiendo del hecho que los instrumentos y estrategias planteados en 2002 para la estrategia de Asistencia al País (EAP) continúan vigentes en el actual contexto colombiano, el Banco Mundial recibe con satisfacción las propuestas del nuevo Gobierno de la República de Colombia. El eje de la EAP consiste en apoyar a Colombia en la búsqueda de paz a través de (i) alcanzar un crecimiento rápido y sostenible; (ii) distribuir los frutos del crecimiento y (iii) construir un gobierno eficiente, transparente y sujeto a rendición de cuentas.[1] En 2005, el Gobierno Colombiano y el Banco acordaron, además, incluir dos nuevos objetivos a promover por esta vía: (i) la consolidación de la paz, proceso en el cual el Banco trabajará a través de la Unidad de Prevención de Conflicto y Reconstrucción y (ii) Apoyo en tareas de monitoreo y evaluación con el fin de promover un esquema de funcionamiento y gerencia del sector público basado en el desempeño (Performance based management).[2] Para estos propósitos el Banco ha dispuesto de cuatro líneas de crédito ((i) Fiscal and Institutional Adjustment loan series (FIAL), (ii ) the Financial Sector Adjustment Loans I & II (FSAL) (iii) the Programmatic Development Policy Loan for Sustainable Development (SusDevDPL) y (iv) Programmatic Labor Reform and Social Structural Adjustment (PLaRSSAL))[3] que buscan hacer frente a las necesidades del país en los distintos campos. Evaluación de las propuestas El Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas constituye, entonces, un instrumento que contribuirá a los propósitos antes mencionados a través de un esfuerzo por gestionar los recursos públicos de una forma más transparente y eficiente. Es por esto que el Banco Mundial apoya y promueve esta iniciativa y está dispuesto a prestar tanto su asistencia técnica, como recursos para impulsar la efectiva aplicación de esta propuesta. En el campo económico, si bien la situación colombiana ha mejorada sustancialmente desde que se inició la Estrategia de Asistencia al País en 2003, todavía subsisten algunos puntos vulnerables tanto en el campo económico como en el fiscal. Es por esto que alentamos al nuevo gobierno a prestar atención a estos asuntos con el fin de mantener los mencionados progresos y continuar avanzando hacia una senda de crecimiento sostenible. Particularmente, es importante que el déficit consolidado del sector público no sea desatendido con el fin de alcanzar las metas fijadas. Relacionado con lo anterior, y en lo que se refiere a la Ley de Ordenamiento Territorial, es fundamental que el Gobierno tome en consideración las implicaciones de este proyecto sobre las transferencias a las regiones y elabore un plan que promueva la adecuada distribución y utilización de los recursos. Gracias a la Reforma Constitucional de 2001 (Acto Legislativo 1/2001), fue posible limitar temporalmente el crecimiento en las transferencias a los departamentos[4]. No obstante, los efectos de esta reforma vencen en 2009, de modo que las transferencias podrían pasar de 5.1% a 7% del PIB en ese año si no se hacen las modificaciones pertinentes.[5] Igualmente, para que la Ley Social Rural cumpla con sus propósitos, es fundamental una cuidadosa preparación del proyecto para evitar que por esta vía se permita la desviación de recursos hacia sectores improductivos o poco rentables socialmente y se enriquezcan, de este modo, bien sean a regiones, bien sea a sectores económicos, que no necesitan de este apoyo. En cuanto a infraestructura, si bien Colombia ha cumplido con la mayoría de los objetivos de la EAP en materia de provisión de infraestructura social y para servicios básicos, el país se encuentra aun rezagado en suministro de infraestructura para promover y dar apoyo a distintas actividades productivas. Las deficiencias que subsisten se presentan particularmente en materia de vías, capacidad eléctrica y acceso a Internet,[6] carencias que además comprometerán la capacidad del país para beneficiarse del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. En principio, la Ley Social Rural parece una herramienta útil para hacer frente a estas necesidades, en la medida que promueve el desarrollo de infraestructura en el sector rural del país. No obstante, es importante recalcar que es fundamental dicho proyecto sea formulado de manera tal, que no entre en contradicción con el tratado mismo. Una vez superado este obstáculo, y teniendo en cuenta que los prestamos dirigidos al desarrollo del sector rural han sido menores de lo previsto inicialmente en la EAP[7] –en virtud de restricciones fiscales y cambios en las prioridades gubernamentales en la anterior Administración (Uribe)- el Banco Mundial quiere reiterar que estas líneas de crédito se mantienen abiertas, siempre que la adecuada destinación de los fondos esté garantizada y la sostenibilidad fiscal del país no se vea comprometida. (Ver ANEXO 1 para ver Programa de Préstamos de EAP para Colombia 2003-2007) Ahora, la posición del Banco Mundial frente a los temas de violencia y desplazamiento forzoso no es caprichosa. Obedece al hecho que estos no sólo constituyen problemas en sí mismos, sino que además son perjudiciales para la economía del país. Según estimaciones de la EAP, el conflicto reduce el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en dos puntos porcentuales cada año[8]. Es por esto que la Institución recibe con entusiasmo las propuestas dirigidas a reducir estos fenómenos, como es el caso de los proyectos de Ley Social Rural, Cátedra en Derechos Humanos y Descentralización.[9] El Banco es conciente, asimismo, del hecho que la implantación de las políticas dirigidas a reducir la violencia y el desplazamiento forzoso no es fácil. Es por esto que reconoce los esfuerzos del Gobierno entrante por reducir este fenómeno y hace un llamado para que, en efecto, se haga verdaderamente aplicable la Ley 387 de 1997. Igualmente, reitera su disposición a prestar la ayuda financiera, cuando el Gobierno lo considere necesario y conveniente, a través de los proyectos Paz y Desarrollo y Protección para los Desplazados, dotados de US$55 y US$70 millones respectivamente y que, por solicitud del anterior gobierno, fueron reducidos a un total de US$30[10]. Finalmente, y en lo que se refiere al proceso de implementación de la EAP, es importante tener en cuenta que, con el fin de implementar un programa de préstamo que se ajuste a las necesidades de financiación de Colombia, es necesario que le Banco cuente con la flexibilidad para que pueda responder rápidamente a situaciones cambiantes. Es por esto que el Banco y el Gobierno deben unir esfuerzos con el fin de garantizar una relación fluida con el Congreso y así evitar que este proceso se vea limitado por demoras en el proceso de aprobación de los proyectos objeto de financiación y de los préstamos mismos.[11] Por último, el Banco Mundial reitera, una vez más, su apoyo al Gobierno de la República de Colombia. Celebra los esfuerzos del nuevo Gobierno por promover la “cultura de la legalidad” –en sus propios términos- y la gestión transparente de recursos. Hace un llamado para continuar avanzando en la consecución de los objetivos de crecimiento, desarrollo y reducción de la pobreza, desigualdad y violencia, evitando, simultáneamente, retrocesos en estos campos. Finalmente, insiste en la necesidad (i) de buscar vías de financiamiento adecuadas y que no amenacen la estabilidad fiscal y económica del país y (ii) de formular sus proyectos de tal manera que sirvan para cumplir con los objetivos propuestos sin entrar en contradicción con sus propios propósitos. Atentamente, Alejandra Tarazona Representante Banco Mundial en Colombia Estefanía Molina Representantes Banco Mundial en Colombia José Manuel Acevedo Representantes Banco Mundial en Colombia Ana Carolina Lineros Representantes Banco Mundial en Colombia ANEXO 1 Programa de Préstamos de EAP para Colombia 2003-2007 [1] THE WORLD BANK, Colombia–Mexico–Venezuela Country Management Unit, Latin America and the Caribbean Region, “Memorandum of the President of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Finance Corporation to the Executive Directors on a Country Assistance Strategy of the World Bank Group for the Republic of Colombia” December 2002, P. 5 en http://wbln0018.worldbank.org/lac/lacinfoclient.nsf/5996dfbf9847f67d85256736005dc67c/386babdf67beaf8385256cb00063628e/$FILE/complete.pdf [2] Ibidem. P. 11, 12 [3] En THE WORLD BANK, Colombia & Mexico Country Management Unit Latin America and the Caribbean Region (2005) “International Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation Country Assistance Strategy Progress Report For The Republic Of Colombia For The Period Fy03-Fy07” P. 11 en http://siteresources.worldbank.org/INTCOLUMBIAINSPANISH/Resources/CAS_PR_colombia_full.pdf [4] El monto de las transferencias pasó de menos del 2% del PIB en 1997 a 6% en 2002. [5] Ibidem. P. 8 [6] Ibidem. P. 40 [7] Ibidem. P. 42 [8] Banco Mundial (2002) Op. Cit [9] Banco Mundial (2005) Op. Cit. P. 4 [10] Ibidem. P. 43 [11] Ibidem. P. 12

Gobierno contesta....

2006-03-26T18:46:00.000-08:00

El Gobierno le contesta a los ORGANISMOS MULTILATERALES (Comunicado completo y oficial)

Señores representantes del Banco Mundial Señores representantes del Fondo Monetario Internacional

A continuación, la Presidencia de la República precisa algunos de los temas objeto de discusión en la reunión sostenida con ustedes el pasado sábado, 11 de marzo de 2006.

1. - Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - Rendición de cuentas - Para poder analizar las ventajas que trae el expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial es pertinente tener en cuenta varios aspectos. El primero de estos es su aporte a fomentar la descentralización efectiva dentro del país; en segundo lugar, que ésta se presenta en relación con otro de los proyectos presentados por el Gobierno para hacer parte de la agenda legislativa en el Congreso de la República, a saber, la ley de rendición de cuentas; por último, los factores señalados por el Banco Mundial en cuanto a la evasión de impuestos. En cuanto al primer factor señalado, la descentralización, debemos decir que ésta brinda flexibilidad a la estructura política y administrativa del Estado, impulsa la autonomía de los entes territoriales y posibilita la negociación de competencias al interior de la Nación; es decir, “la descentralización es una estrategia de ordenamiento del Estado para el eficiente cumplimiento de sus fines esenciales, a través de la transferencia de poder político, recursos y competencias del Gobierno Nacional a las entidades territoriales”. Se ha evidenciado que esta noción de descentralización territorial, no ha superado del todo la teoría. La distribución de competencias y los principios de coordinación y subsidiariedad, que predica el artículo 288 de la C.P, como objetivos de la Ley de Ordenamiento Territorial, no se han podido desarrollar por la falta de la misma. Por un lado, uno de los mayores problemas sobre la implementación de la descentralización en Colombia va de la mano con la forma en la que se han asignado recursos y como se ha manejado el Fondo Nacional de Regalías. Estos “no se están girando en más de un 10% del total a las regiones, lo cual es expresión de una tendencia a congelar los fondos de la descentralización para ser apropiados por el gobierno nacional con el fin de resolver su crisis fiscal.” Sin embargo, el problema de la descentralización no es sólo en cuanto a recursos pues uno de los factores importantes que contempla este modelo de organización del estado es el concepto de `municipalización'. En Colombia existen actualmente 1098 municipios sin que estos representen una muestra de una descentralización efectiva, ya que según el Departamento Nacional de Planeación, “la concentración de la actividad económica de la población en unas cuantas ciudades ha generado un aumento desigual de las rentas propias territoriales en términos reales y una concentración de la tributación territorial: 80% de las rentas propias municipales siguen concentradas en Bogotá y otros cuarenta municipios y 60% de las departamentales en Antioquia, Cundinamarca, Valle, Atlántico y Santander”. En otras palabras, la cantidad de municipios no se refleja en una mejor dispersión de la actividad económica, solo unos cuantos subsisten por si solos. Igualmente, la existencia de tantos municipios tampoco se ha traducido en interacción entre ellos o con las principales ciudades, esto muestra que no se está cumpliendo uno de los fines esenciales de la descentralización, a saber, distribución de la actividad económica para generar un mercado interno entre las entidades territoriales. Actualmente, “predominan las políticas sectoriales del nivel central y no existen políticas territoriales que articulen armónicamente los procesos urbano-regionales- rurales y que promuevan la estructuración de redes de ciudades intermedias y menores, articuladas con los espacios rurales y que dinamicen e integren las zonas periféricas del país”. En conclusión, es por estas razones que es necesario el expedir una Ley de Ordenamiento Territorial que sea el marco para que el funcionamiento del ordenamiento interno del Estado Colombiano sea cada día más eficiente y se lleve a cabo el mandato constitucional sobre la descentralización. “Hoy tenemos en materia jurídica una gran dispersión de normas, aprobadas para hacer frente a la necesidad de contar con unas reglas de juego que rijan el funcionamiento del aparato administrativo, pero sin un norte que les dé sentido y organización”, así, sin LOOT no es factible dar pasos hacia delante en el direccionamiento del ordenamiento territorial. Por otro lado, en cuanto a la rendición de cuentas, la LOOT tiene una función fundamental en cuanto a la parte de implementación de dicho proyecto. Uno de los grandes problemas del Estado colombiano actual es el poder manejar sus recursos con toda la transparencia que el caso amerita y no permitir que se abra ninguna puerta para que ese dinero sea utilizado en beneficios privados. Es por lo anterior que el Gobierno nacional presenta el proyecto de rendición de cuentas por parte de las entidades de Ejecutivo tanto en orden nacional como en territorial e igualmente por parte de los órganos de control que se encuentran desconcentrados y los que se encuentran descentralizados. El fin esencial de este proyecto, a saber, el manejo sagrado de los recursos públicos, va de la mano con asegurar que estos se destinen al fomento de la educación, el tratamiento de los desplazados y demás problemas que aquejan a Colombia. Sin embargo, para hacer la rendición de cuentas efectiva a nivel territorial es necesario que existan mecanismos eficaces en el mismo nivel para que la rendición no se vuelva un problema más. Es aquí donde está una de las articulaciones entre el proyecto en cuestión y la ley orgánica de ordenamiento territorial. Sin que se establezcan las competencias de las entidades territoriales, ni se fomente el proceso de descentralización no se contará con entes capaces de organizarse para recibir toda la infraestructura e información que implica una rendición de cuentas como la que se pretende. El último punto a resaltar es el factor de la evasión de impuestos. En los mismos términos en los que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial ayuda para la implementación de las rendiciones de cuentas en el nivel territorial, la misma colabora para controlar la actitud ilegal que muchos colombianos han asumido frente a los tributos impuestos por el Estado. Al establecer claramente cuales son las entidades territoriales, sus competencias, sus funciones, sus parámetros, los principios de su organización, se logra fortalecerlas como instituciones dentro de cada una áreas donde se encuentre. En este sentido, la evasión de impuesto puede ser controlada desde los niveles territoriales bajos, con fuertes políticas apoyadas desde la localidad en contra de este acto ilegal. Con la LOOT es más factible lograr que tanto los habitantes de los grandes distritos del país, hasta los de los municipios más alejados, puedan ser vigilados por el Estado en cuanto a su obligación tributaria. En pocas palabras, la LOOT implica descentralización efectiva, la descentralización efectiva implica mayor control del gobierno a nivel territorial y mayor control se traduce en una posible disminución de los rangos de evasión. - Política del Gobierno Nacional frente al desplazamiento forzado - El desplazamiento forzado es una de las realidades más críticas de Colombia. Además de ser una tragedia humanitaria de inmensas magnitudes, el desplazamiento tiene impacto sobre múltiples elementos de la vida nacional tales como la reproducción de la violencia y el crecimiento incontrolable de las ciudades. La posición del actual Gobierno de Colombia, en cabeza de Antonio Leal Holguín, frente al desplazamiento forzado parte del reconocimiento de la magnitud del problema y de las limitaciones que tiene el Estado colombiano para afrontar una realidad social de tanta complejidad como el desplazamiento. El actual Gobierno está seriamente comprometido con el perfeccionamiento de la política que se ha venido implementado. Reconoce que en el pasado el Gobierno de Colombia se ha quedado corto en su manera de enfrentar el desplazamiento, pero cree que dicha falla ha sido el resultado de la falta de implementación de la Ley 387 de 1997. El Gobierno considera que no es conveniente cambiar de política frente al desplazamiento, sino que la ley existente debe cumplirse. La Ley 387 de 1997 creó tres etapas de atención a la población desplazada: en primer lugar, la ayuda humanitaria; en segundo lugar, la estabilización socioeconómica; y, por último, el retorno y reestablecimiento. Hasta ahora, la implementación de dicha Ley ha sido inadecuada; un alto porcentaje de la población desplazada no ha podido acceder a los beneficios de la ley, mientras quienes ingresan al sistema de atención no reciben todos los beneficios prometidos por la Ley. El actual Gobierno está comprometido en buscar subsanar las fallas de implementación de la mencionada Ley según los lineamientos dados por la H. Corte Constitucional en la sentencia T - 025 de 2004 (sentencia en la cual declaró el estado de cosas inconstitucional), de manera que efectivamente se garantice una vida digna a las víctimas del desplazamiento forzado, atendiendo sus necesidades de acceso a la educación, la salud, el trabajo, entre otros derechos. En especial, la acción de actual gobierno se enfocará en los siguientes puntos: 1. Mejoramiento del Sistema Único de Registro (SUR): el sistema debe funcionar adecuadamente; no debe constituir un procedimiento extremadamente oneroso para la población desplazada. Por el contrario, los trámites para ingresar al Sistema deben ser de fácil realización. 2. Garantizar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destine los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de la Ley. 3. Coordinar y controlar la canalización de recursos para que los recursos destinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las organizaciones internacionales realmente se destinen a la atención de la población desplazada y no se queden en manos de un sinnúmero de intermediarios. 4. Ejercer control en las distintas fases de implementación de la Ley 387 de 1997 para que realmente se cumplan los propósitos de cada una de ellas. 5. Buscar alternativas en cuanto al desarrollo de los proyectos productivos que persiguen garantizarle a la población desplazada los medios de subsistencia necesarios. 6. Seguir trabajando en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el campo colombiano para asegurar el territorio donde debe reestablecerse la población desplazada. 7. Buscar el mejoramiento del sistema de crédito para vivienda de la población desplazada. Actualmente los créditos son inservibles toda vez que la población desplazada no tiene los medios económicos para responder por dicho crédito. - Ley Social Rural - Violencia - La Ley Social Rural busca atacar el problema de la violencia de raíz. Este gobierno considera que Colombia no podrá construir paz a largo plazo a menos que los esfuerzos por lograr la paz vayan más allá de los métodos represivos. La Ley busca atacar la fuente de tres problemas esenciales: la violencia, el desplazamiento y el narcotráfico. La Ley Social Rural, al lograr que los campesinos tengan manera de distribuir sus cultivos y de tal forma puedan venderlos y ganarse la vida por medio de éstos, disminuye el desplazamiento, la violencia y el narcotráfico. El primer factor, la violencia, existe ya que los campesinos han tenido que acudir a las armas para subsistir. La falta de capacidad para distribuir sus productos y la falta de venta de los mismos han causado la necesidad de abandonar sus cultivos y acudir a la violencia para lograr mantenerse y mantener una familia. La Ley Social Rural ataca este problema; facilitando medios para que los campesinos puedan vender y distribuir sus bienes cultivados, lograremos que éstos tengan una forma honesta y pacífica de sobrevivir. De esta manera, ya no tendrán que acudir a la violencia para la subsistir, ahora podrán cultivar sus productos y vivir de los ingresos que éstos les generen. El segundo factor, el desplazamiento, existe principalmente por dos motivos. Por un lado, está la violencia que obliga a los campesinos a desplazarse de sus hogares y viviendas. Por el otro lado, está el problema de la distribución de sus productos cultivados. Los campesinos no están pudiendo distribuir sus bienes cultivados y esto ha causado la necesidad de desplazarse buscando mejores oportunidades. La Ley Social Rural, referente al desplazamiento, ataca estos dos factores. Por un lado, atacando la violencia se logrará que el desplazamiento generado por ésta disminuya en grandes cantidades. Si no hay violencia, no habrá desplazamiento. Asimismo, facilitando los medios para que los campesinos vendan sus productos, se disminuye la necesidad de desplazarse a las ciudades buscando una oportunidad mejor de subsistencia. Si los campesinos tienen ingresos, por medio de la venta de sus productos, no existirá la necesidad del desplazamiento. Finalmente, la Ley Social Rural también busca atacar el narcotráfico. El narcotráfico se ha logrado mantener dado que los campesinos colombianos, a falta de ingresos y a falta de capital suficiente para su subsistencia, han acudido a sembrar cultivos ilícitos. Las pocas oportunidades de los campesinos de Colombia han hecho que el narcotráfico aumente y se logre mantener fuerte en las zonas rurales. Sin embargo, por medio de esta Ley se ataca directamente el narcotráfico, dando a los campesinos una vía posible y honesta para su subsistencia. Facilitando la venta de los productos de los campesinos, dándoles las facilidades para la distribución de éstos, se logrará que los cultivos ilícitos disminuyan en el país. Si generamos opciones de subsistencia viables para los campesinos colombianos eliminaremos el elemento que permite la perduración de cultivos ilícitos. - Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación - De las motivaciones del proyecto de Ley 60 de 2004 Senado, por el cual se crea la Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación, es interesante resaltar dos puntos que de seguro son de relevancia para los organismos multilaterales. 1. La Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación y la violencia en Colombia. ado, es interesante reslatar 2 puntos, que de seguro son de relevancia ppa Nuestra política de la Cultura de la Legalidad entiende la violación de los derechos humanos como un gran problema que se ve reflejado en la cotidianidad. Ejemplos como el maltrato intrafamiliar, la delincuencia común y el conflicto armado son apenas algunos de los constantes abusos ocasionados contra la población en general, que atentan contra la dignidad de las personas y repercuten negativamente en ciclos inacabables de conflictos mediante el empleo indiscriminado de violencia. En este sentido se reconocen múltiples causas para la violación de derechos inherentes al hombre pero definitivamente, en el caso colombiano, el desconocimiento de dichos derechos, generado por la desinformación acerca de no sólo su existencia, sino también los procedimientos pertinentes para su ejercicio por parte de la población en general, es lo que ha llevado a la continua violación de los mismos. En este sentido, la política pública representada en este proyecto se enfoca en un sector amplio de la población que debe ser informado, buscando cambiar el ciclo reproductivo de la violencia. En virtud de la carencia de información ya mencionada, los ciudadanos no hacen valer sus derechos para sí mismos y de la misma manera transgreden los de los demás. Asimismo, se presenta casos en que a pesar de tener conocimiento de ellos no los hacen valer ya que no saben como hacerlo. Esta problemática dentro del contexto nacional constituye un peligro inminente, donde en medio de lo que para muchos se constituye como un conflicto armado de vieja data, la coyuntura se encarga de alterar aun más la violación de los Derechos Humanos, lo que genera resentimiento social, ruptura del tejido social y por supuesto, más violencia. Es cierto que la situación amerita la acción del Estado en la búsqueda de retomar el monopolio sobre el uso de la fuerza, pero esta política militar es inútil si lo único que hace es contribuir a los ciclos de violencia ya mencionados, agudizando así la guerra. Sin embargo, cabe puntualizar que este proyecto no da una solución matemática al tema de la violación de los Derechos Humanos, pues prevenir y erradicar este problema es una batalla de muchos frentes. El eje central del proyecto se constituye en la subsanación de la desinformación en un sector de la sociedad suficientemente amplio como para que genere un impacto en la concepción de dichos derechos que pueda ser transmitida a quienes no cubre el programa. Con el proyecto no sólo se pretende la comprensión de la existencia de los Derechos Humanos y mecanismos de reconciliación, sino también de lo medios para ejercerlos de forma efectiva. Así, la Cátedra de Derechos Humanos es una política que busca promover la información de la ciudadanía sobre dichos derechos y mecanismos de reconciliación, que se erige como base de un cambio de fondo en la concepción de los derechos. Es por lo anterior que la Cultura de la Legalidad tiene uno de sus estandartes en este proyecto, que busca subsanar el problema crudo de violencia en Colombia, hecho que se liga de forma importante con las Metas del Milenio, pues la violencia es una fuente de cultivo de pobreza, insalubridad, desprotección al individuo y discriminación de género, entre otros. Finalmente, debemos hacer mención a la posibilidad de reducir los niveles de evasión a través de la educación. Este Gobierno considera que como estrategia a largo plazo, la educación ciudadana acerca del cumplimiento de los deberes ciudadanos, dentro de la Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación, puede ser efectiva. Es mejor para el Estado colombiano que sus ciudadanos cumplan con el deber de tributar voluntariamente a que cumplan por haber sido coaccionados a hacerlo. De manera que en la Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación encontramos una de las herramientas del actual Gobierno contra la evasión, proyectándonos al largo plazo. 2. Financiación del proyecto. Actualmente el plan nacional de desarrollo para el periodo 2003-2006 contempla dentro de su política de seguridad democrática (Capitulo II de inversiones), varias estrategias dentro de las cuales se encuentra la protección y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En esta estrategia, la prevención a la violación de los derechos humanos “se fundamentará en el sistema de alertas tempranas”, con el fin de entregar a las autoridades información acerca de el riesgo que sufren algunas zonas, vulnerables al quebrantamiento de estos derechos, generando así capacidad de anticipación del Estado frente a estos sucesos. Paralelamente se impulsara una estrategia pedagógica dirigida a las autoridades civiles, militares y a la población en general. Esta política pública ha sido inadecuada toda vez que la desinformación es el problema angular de la violación de los DDHH y sólo se está adoptando una cultura pedagógica como soporte al sistema de alertas tempranas; ningún Estado está en capacidad de vigilar a toda su población para la defensa de los DDHH y muchos menos uno con las características de nuestro país. Es por ello, que además de ser más conveniente, es también más eficiente educar a la población para que de una forma autónoma y cultural y no de vigilancia militar, se respeten los Derechos Humanos. La carencia de pedagogía de los Derechos humanos es más que evidente en los informes anuales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En el capitulo I sobre Prevención de violaciones a los derechos humanos, del informe del año 2004, demuestra una distribución presupuestal poco alentadora en pedagogía, comparada con el área “militar” donde se muestra que son cerca de 35 mil millones de pesos en equipo y logística militar, mientras que en el fortalecimiento de una cultura de DDHH dentro de las FFAA, solo hay “una inversión de mil quinientos millones de pesos”. En esta estrategia “paralela” de pedagogía que fomente una cultura de respeto de los DDHH, el informe no indica un presupuesto para las actividades fuera de las F.F.A.A., mencionando sólo estos logros: Tres talleres consultivos y siete reuniones de trabajo con representantes de instituciones publicas de las 3 ramas del poder público. Implementación de la línea de cultura de los DDHH, en 24 oficinas del Bienestar Familiar. El proyecto de cultura hizo parte del comité técnico del proyecto de asistencia preparatoria para la formulación del “Plan nacional de formación, respeto y práctica de los derechos humanos desde el sistema educativo”, facilitando la participación en talleres y seminarios tanto a nivel regional como nacional. La creación en el Cauca de un taller de DDHH en las radios comunitarias. Aunque la constitución consagra en su artículo 41 que es obligatorio el estudio de los DDHH en todas las instituciones educativas, el enfoque es principalmente el de la enseñanza de los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo se hace demasiado superficial, en muchas ocasiones se toma como una “costura” que implica un simple requisito que no llega a generar una verdadera conciencia crítica por parte de los ciudadanos. Es por esto que el proyecto de ley en cuestión intenta reforzar esta parte pedagógica de la prevención de los DDHH, con una coordinación interinstitucional que ataque el problema con grandes esfuerzos por parte de las entidades educativas y publicas en general. Por ello, al principio, la implementación se enfocará en la capacitación de docentes para dictar esta cátedra, no solo en el plano convencional, sino con actividades como talleres, conferencias y demás, llegando así a amplios sectores de la ciudadanía colombiana. Esta política pública no requiere mayor financiación, pues se utilizan los instrumentos actuales con los que cuenta el Estado. Sin embargo, estos recursos no provendrán de fuentes externas al estado, ni necesitara mayor esfuerzo fiscal, sino sólo será un redireccionamiento de capital de recursos hacia la financiación de la cátedra, pues en ultimas éste era parte del presupuesto de la nación en el plan de desarrollo para la prevención en la violación de los DDHH. Más adelante precisaremos algunos aspectos adicionales acerca de la financiación de este proyecto. - Control de la Tasa de Cambio - La Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la Republica; atribuyéndole a éste la función de controlar el tipo de cambio. Haciendo uso de su discrecionalidad, el Banco decidió elegir un sistema de tasa de cambio flotante, sin el establecimiento de metas puntuales que fueran de conocimiento público. A pesar de que el sistema de tipo de cambio en Colombia es flotante, el Banco cuenta con ciertos instrumentos para controlar los fuertes movimientos de esta que puedan perjudicar la economía del país. El principal instrumento con que cuenta el Banco de la Republica es la intervención en el mercado de divisas; el Banco, dependiendo de su objetivo, puede comprar dólares con el fin de reducir la oferta de dólares y de esta manera evitar fuertes reevaluaciones del peso colombiano; igualmente, puede vender dólares con el fin de reducir la oferta de dólares y de esta manera evitar fuertes devaluaciones del peso colombiano. Cuando el Banco de la República compra dólares esta aumentando las reservas internacionales y cuando vende dólares las reduce. Las reservas cumplen la función de ser garantía para los prestamistas internacionales, quienes percibirán menor riesgo en las inversiones en el país entre mayores sean las éstas. En los últimos años el país ha vivido un fuerte proceso de reevaluación del peso colombiano respecto al dólar; es importante resaltar que este fenómeno no solo se ha vivido en Colombia, éste es un fenómeno a nivel mundial, que de hecho, ha afectado más fuertemente a algunos vecinos nuestros que al país. Este fenómeno puede ser explicado por varias causas, las dos más importante serian las bajas tasas de interés en los Estados Unidos y la segunda, la elevada compra de dólares por parte de los Bancos Centrales Asiáticos. Nuestra política de tipo de cambio es continuar con las estrategias que el Banco de la Republica ha utilizado hasta el momento; intervención en el mercado de divisas a través de la compra de dólares; pues han demostrado ser efectivas en términos de lo posible, ya que, como anteriormente se mencionó, este es un fenómeno que se esta viviendo en todo el mundo. - Evasión de Impuestos - Los economistas han encontrado que uno de los mecanismos más efectivos para lograr la redistribución de la renta en un país, es la construcción de un sistema tributario progresivo. En Colombia, a través de los años se ha establecido un sistema tributario que no sólo busca recaudar los ingresos necesarios para el mantenimiento del Estado, sino también busca generar importantes efectos distributivos. Un sistema tributario progresivo se caracteriza por que los contribuyentes pagan en proporción a su ingreso; lo que obviamente implica que los contribuyentes pertenecientes a los grupos de mayores ingresos pagaran más que los individuos de los grupos de bajos recursos. Como anteriormente se mencionó, el sistema tributario colombiano busca ser progresivo lo que implica que los grupos de mayores ingresos en Colombia deben contribuir en mayor medida. A pesar de que el sistema tributario colombiano busque generar importantes efectos distributivos, la fuerte evasión en el pago de impuestos ha impedido el logro de este objetivo; pues en la medida que la evasión sea mayor, el recaudo será menor y habrá menos recursos disponibles para la inversión estatal que beneficia primordialmente a los sectores menos favorecidos de la población. Por tanto, las políticas que buscan disminuir los niveles de evasión no solo tiene como fin mejorar la eficiencia administrativa del Estado, adicionalmente, tienen importantes efectos distributivos; pues si la evasión es muy alta esto implica que los sectores de ingresos más altos están pagando menos de lo que deberían, minando los efectos distributivo que deben tener los impuestos. El actual Gobierno de Colombia está comprometido en el desarrollo del plan MUISCA. Asimismo, el Gobierno trabajará en la promoción de la simplificación del sistema tributario, la cual debe contribuir a reducir los altos niveles de evasión, elusión y contrabando. Por otra parte, dicha simplificación permitirá tener mayor control sobre las obligaciones de los agentes económicos y permitirá hacer más eficiente la estructura de la DIAN. Finalmente, el Gobierno de Colombia, dentro de su búsqueda de la construcción de la “Cultura de la legalidad” considera que la educación es un elemento clave en la creación de conciencia ciudadana acerca del deber de pagar impuestos. Más que buscar el cumplimiento por medio de la coacción, este Gobierno considera que a largo plazo es más beneficioso aspirar al cumplimiento voluntario. Sin embargo, la Constitución y las leyes deben ser cumplidas y quien no culpa debe asumir las consecuencias. Por tanto, el Gobierno continuará apoyando los esfuerzos de la DIAN para combatir la evasión en el corto y mediano plazo a través de los mecanismos coercitivos del Estado. -Proveniencia de recursos para los diferentes proyectos - 1. Ley de Ordenamiento Territorial La Ley de Ordenamiento Territorial en cuanto implica la determinación de competencias, no necesita, en principio, destinación de recursos. Los pocos recursos que requiere su implementación pueden sustraerse del presupuesto nacional. 2. Rendición de cuentas El desarrollo del proyecto de Rendición de cuentas requerirá apoyo tecnológico en cuanto a sistemas que hagan posible la rendición de cuentas de los funcionarios a los ciudadanos. Lo anterior no requiere, necesariamente, financiación por parte de los Organismos Multilaterales pero sí contribución en términos de sistemas. En otras palabras, el Gobierno de Colombia solicita a los organismos multilaterales ayuda en la obtención de dichos sistemas bien sea a través de la destinación de recursos para su compra e instalación o bien a través de ayuda en especie (los sistemas). 3. Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación La Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación, como ya hemos dicho, no requiere, en principio de financiación externa. La primera fase (capacitación de docentes) puede financiarse a través del redireccionamiento de recursos hoy destinados a otros rubros. Sin embargo, el Gobierno de Colombia considera indispensable la cooperación internacional en cuanto a financiación de este proyecto a largo plazo. El Gobierno busca evitar que la Cátedra se estanque en unos años por falta de recursos. De manera que la financiación a largo plazo del proyecto en cuestión requiere de asistencia internacional. Más aún si se quiere mantener la calidad de la educación impartida por los docentes; es decir, la capacitación de los docentes debe ser continua, actualizada. Lo anterior implica destinación de recursos que la Nación colombiana difícilmente podrá garantizar hacia el futuro. Asimismo, como ya hemos explicado, el proyecto en cuestión hace parte de un proyecto más amplio de educación. De manera que la segunda fase del proyecto de Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación, que consiste en el desarrollo de infraestructura para educación, requerirá del apoyo financiero de los organismos multilaterales. En conclusión, (1) la primera fase de la implementación del proyecto de Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación no requerirá de ayuda financiera de organismos multilaterales, toda vez que el Gobierno colombiano está capacitado para redestinar dinero de otros rubros para la financiación de la Cátedra. No obstante, (2) para que la Cátedra se mantenga en el tiempo y para que los docentes se mantengan actualizados y capacitados para dictarlas el Gobierno de Colombia necesitará ayuda internacional para financiar la Cátedra. Finalmente, (3) la implementación de la segunda fase del proyecto, a saber, el desarrollo de infraestructura en educación, necesitará amplio apoyo financiero por parte de los organismos multilaterales. 4. Ley Social Rural La Ley Social Rural es probablemente el proyecto del actual Gobierno que mayor destinación de recursos requiere toda vez que consiste en el desarrollo de infraestructura a nivel nacional. El Gobierno trabaja en la estructuración de este proyecto, razón por la cual aún no tiene identificadas las necesidades específicas del mismo. Sin embargo, el Gobierno de Colombia no está en capacidad de asumir por si solo el financiamiento de la implementación de la Ley Social Rural. El financiamiento de la construcción de infraestructura necesitará apoyo de los organismos multilaterales. 5. Ley aprobatoria del Tratado de Libre Comercio. El Gobierno de Colombia trabaja en la determinación del texto que será puesto a consideración del Congreso de la República y por tanto, no está en condiciones de ofrecer a los organismos multilaterales aproximaciones de la destinación de recursos que la aprobación de dicho tratado implicará. - Varios - El Gobierno de Colombia trabaja en la determinación del segmento del texto del Tratado de Libre Comercio que será presentado a consideración del Congreso de la República en el actual periodo legislativo. Cuando el Gobierno haya hecho tal determinación informará de su decisión a los señores representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El Gobierno de Colombia trabaja en la estructuración de la Ley Social Rural. Una vez terminado dicho proceso, el Gobierno informará a los organismos multilaterales de las necesidades específicas de financiación del proyecto. Asimismo, una vez determinado el texto del T.L.C que presentará el Gobierno a consideración del Congreso de la República, trabajaremos en la armonización del T.L.C y la Ley Social Rural. El Gobierno de Colombia manifiesta su interés en firmar el acuerdo de STAND - BY planteado por el Fondo Monetario Internacional y propone que la firma del mismo se lleve a cabo en día viernes 17 de marzo de 2006. Bogotá, marzo 15 de 2006 Antonio Leal Holguín Presidente de la República Santiago Wills Valderrama Vicepresidente Ministro de Comercio, Industria y Turismo Juliana de Valdenebro Garrido Ministra del Interior y Justicia Felipe Pacheco Rincón Ministro de Hacienda y Crédito Público Alejandro Ríos Ministro de Cultura Mariana Castrellón Ministra de Protección Social Carolina Padilla Ministra de Educación Ana Maria Torres Ministra de Agricultura Maria Claudia Martínez Ministra del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda Pablo Botero Londoño Ministro de Defensa Nacional Visión Colombia, II Centenario: 2019, Capítulo: “Fortalecer la Descentralización y adecuar el Ordenamiento Territorial- Un Estado eficiente al servicio de los Ciudadanos”. Presidencia de la Republica de Colombia, Departamento Nacional de Plantación. Pg. 337- http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=806 Red de Iniciativas sobre Gobernabilidad, Democracia y Desarrollo Territorial. RINDETE, “Riesgos y oportunidades actuales de la descentralización”. Ponentes: Jose Obdulio Gaviria y Jaime Castro. Relataría del 9 de Octubre de 2005, por Dario I Restrepo. Universidad de los Andes, Centro interdisciplinario de estudios regionales CIDER, Fundación Foro Nacional por Colombia. - Intervención de Eduer Gutiérrez (asesor jurídico de la Federación Nacional de Departamentos). Pg. 6. http://www.foro.org.co/docum/documentos/Riesgos_y_oportunidades_descentralizacion.pdf Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. XVI CENSO NACIONAL DE POBLACION Y V DE VIVIENDA - 1993. Población total censada, por área y sexo, según departamentos y municipios Op. cit Visión Colombia, II Centenario: 2019. Pg. 337 Ibidem, Pg. 339 BOLETIN DEL PROGRAMA DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA DEMOCRÁTICA DE LA FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA - SEPTIEMBRE DE 2005. No. 33 ; editorial: ¿Cuando nos Pondremos de Acuerdo?,. http://www.foro.org.co/docum/documentos/BFM_33.pdf Al respecto véase: Boletín 2005 de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Ye hemos anotado en este informe cómo la Ley de Ordenamiento Territorial que promoverá el Gobierno contribuirá a incrementar el control del Estado sobre las obligaciones de los agentes económicos en todo el territorio nacional.

COMUNICADO 1 - MARZO 1 de 2006

2006-03-26T18:28:00.000-08:00

La posición del Banco Mundial

frente a las propuestas de los candidatos

Nuevamente, el Banco Mundial desea expresar su complacencia con el desarrollo del proceso electoral en Colombia. Queremos hacer énfasis, una vez más en la necesidad de respetar las reglas de juego, propendiendo por la transparencia del proceso y evitando los actos de descrédito entre los diferentes participantes.

De acuerdo al último estudio de la entidad “Pobreza y crecimiento en América Latina: círculos virtuosos y círculos viciosos”, y como hemos mencionado en anteriores oportunidades, acabar con la pobreza y la desigualdad son los instrumentos fundamentales para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico. De acuerdo con el mencionado trabajo, la estrategia más eficiente para reducir la pobreza en América Latina, en palabras del Dr. Guillermo Perry (Economista en jefe para América Latina del Banco Mundial), “debe ser una combinación de políticas que busquen la aceleración del crecimiento económico con programas orientados concretamente a reducir la pobreza y la desigualdad. Como se ha mencionado en anteriores oportunidades, para ello es necesario:

Lograr el cubrimiento pleno de la educación básica y garantizar los servicios básicos de salud a toda la población. Ampliar el cubrimiento de servicios públicos a los sectores y regiones más pobres. Profundizar el acceso de la microempresa y los sectores más pobres al sistema financiero Facilitar la creación y el crecimiento de las empresas más dinámicas.”[1] En cuanto a los preocupaciones de política pública presentados por los futuros Congresistas el viernes 25 de febrero, nos encontramos satisfechos al encontrar que varias de las propuestas están encaminadas a la mejora de infraestructura y condiciones de vida de las clases menos favorecidas. Particularmente, los proyectos encaminados a promover la construcción subsidiada de vivienda de interés social y a la creación de un Banco para esto, es una medida que favorece la reducción de la pobreza. Es importante, sin embargo, que estos proyectos sean bien estructurados con el fin de que sean viables económicamente y puedan cumplir de este modo con su propósito. El Banco Mundial promueve también aquellas iniciativas encaminadas a fomentar el desarrollo empresarial. Es por esto que aplaude la iniciativa que busca el “Fomento para el desarrollo industrial en zonas estratégicas” en la medida que uno de los objetivos de la misma es contribuir a la disminución de la inequidad, particularmente en zonas apartadas del país. Del mismo modo, cualquier propuesta encaminada a disminuir la desigualdad y excesiva concentración de riqueza entre regiones y a promover la reducción de la pobreza en las mismas, es acorde con nuestros intereses. En lo que a educación se refiere, la propuesta de una reforma educativa encaminada a garantizar el derecho a la educación, buscando mejoras en la calidad y en la total cobertura de la misma, se encuentra en concordancia con los objetivos señalados por la Organización. Es una medida favorable para reducir la desigualdad y garantizar un mayor progreso. Sin embargo, es importante tener en cuanta que el Banco Mundial se encuentra dispuesto a financiar este tipo de proyectos, siempre que estos sean sostenibles y la destinación de los recursos esté garantizada. Aplaudimos también aquellas propuestas dirigidas a garantizar el respeto de los Derechos Humanos, como es el caso de la cátedra en esta materia, como también aquellos proyectos dirigidos a la protección de la niñez y disminución del abuso sexual. Nos preocupa, sin embargo, la eventual desprotección de los Derechos Humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, en la medida que esto puede contribuir a agravar la situación de violencia. En lo que a corrupción se refiere el proyecto destinado a promover la rendición de cuentas, representa un paso valioso para la consolidación de un proceso más transparente y para el fortalecimiento de la democracia. Por último, reiteramos nuestra preocupación por la ausencia de propuestas encaminadas a mejorar la situación de violencia y en particular el desplazamiento forzoso, considerando además que este es un agravante de la situación de pobreza. Es necesario entonces tomar medidas encaminadas a mejorar las situaciones antes mencionadas con el fin de enrumbar a Colombia en una senda de crecimiento equitativo en un ambiente de paz. Finalmente, nos preocupa que muchos de los proyectos presentados requieren financiación y asesoría económica y que, hasta el momento, los honorables candidatos parecen desconocer la función que juega el Banco Mundial en este campo. Reiteramos entonces que la Institución está dispuesta a prestar la ayuda e información necesaria, con el fin de promover políticas sostenibles encaminadas a los propósitos antes mencionados.

[1] Perry, Guillermo. Progreso y Agenda Futura en El Tiempo. Febrero 22, 2006.

Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos

2006-03-26T18:09:00.000-08:00

América Latina necesita reducir la pobreza para impulsar el crecimiento Los países de América Latina deben luchar contra la pobreza de manera más enérgica si desean alcanzar mayor crecimiento y competir con China y otras economías dinámicas de Asia, según afirma un nuevo informe del Banco Mundial. Según el informe Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles (Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos), si bien el crecimiento es clave para la reducción de la pobreza, es la propia pobreza la que impide alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenidas en América Latina, región que continúa siendo una de las más desiguales del mundo y donde casi la cuarta parte de la población vive con menos de US$2 al día.

Mientras China experimentó un crecimiento anual per cápita de aproximadamente 8,5% entre 1981 y 2000, factor que redujo la pobreza en el país en 42 puntos porcentuales, el PIB per cápita de América Latina disminuyó 0,7% durante los años ochenta y aumentó en alrededor de 1,5% al año en los años noventa, sin generar cambios significativos en los niveles de pobreza. Según el estudio, elaborado por los economistas del Banco Mundial Guillermo Perry, Omar Arias, Humberto López, William Maloney y Luis Servén, si el nivel de pobreza disminuye en 10% y todos los demás factores permanecen inalterados, el crecimiento económico puede aumentar en 1%. A su vez, un aumento de 10% en los niveles de pobreza hace descender la tasa de crecimiento en 1% y reduce las inversiones hasta en 8% del PIB, en especial en países con sistemas financieros subdesarrollados.

Esta situación se debe a que los pobres, quienes por lo general carecen de acceso a créditos y seguros, no están en posición de emprender muchas de las actividades rentables que desencadenan la inversión y el crecimiento, lo que produce un círculo vicioso en el que el bajo nivel de crecimiento deriva en un alto nivel de pobreza y este último deriva a su vez en un bajo nivel de crecimiento.

Por ejemplo, las regiones pobres que carecen de infraestructura no son capaces de atraer inversiones; los hogares pobres, enfrentados a escuelas de menor calidad y altos costos de oportunidad, no invierten lo suficiente en la educación de sus hijos. Por su parte, los países pobres, incapaces de reducir las disparidades en los ingresos, enfrentan el agravamiento de las tensiones sociales que a su vez hacen difícil que prospere un clima comercial favorable. “Para trasladarnos de un círculo vicioso a uno virtuoso, debemos atacar la pobreza decididamente y en varios frentes, proceso que redunda en mayor crecimiento y a su vez, reduce la pobreza”, sostuvo Guillermo Perry, economista principal del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “La lucha contra la pobreza no sólo sirve a los pobres, también es positiva para toda la sociedad”.

El estudio señala que una estrategia de lucha contra la pobreza en pro del crecimiento debería buscar mejorar la calidad de la educación, ampliar la cobertura en los niveles secundarios y terciarios e impulsar inversiones en infraestructura para beneficiar a las regiones rezagadas y aumentar el acceso de los pobres a los servicios públicos.

Además, dicha estrategia debe ampliar el acceso a servicios crediticios y financieros, mantener la estabilidad macroeconómica y poner en marcha políticas sociales eficaces, tales como programas de transferencias condicionadas en efectivo que proporcionen dinero a las familias pobres, siempre y cuando éstas mantengan a sus hijos en la escuela y los lleven al médico. Algunos ejemplos de estos programas son Bolsa Familia en Brasil, Oportunidades en México y Familias en Acción en Colombia.

El informe señala que las estrategias focalizadas de lucha contra la pobreza son particularmente importantes para complementar políticas en pro del crecimiento como es el caso de la liberalización del comercio que, si bien es esencial para el crecimiento a largo plazo y la lucha contra la pobreza, puede también tener efectos negativos a corto plazo sobre la pobreza y la desigualdad.

“Los beneficios del comercio pueden acrecentarse en gran medida si los países complementan sus acuerdos con inversiones en áreas tales como educación, infraestructura y transferencias condicionadas para las regiones y los campesinos pobres que podrían salir perjudicados de la transición”, agregó Perry.

Para llevar adelante una estrategia de lucha contra la pobreza en pro del crecimiento, el estudio recomienda a los países mejorar en primer lugar la equidad de los programas de gasto público orientándolos hacia quienes realmente los necesitan, en lugar de gastar recursos en subsidios dirigidos a los sectores acomodados, tales como el consumo de energía, las pensiones y las universidades públicas. Además, los países deben mejorar la eficacia de sus políticas sociales y en la mayoría de los casos, aumentar la recaudación impositiva a través de sistemas tributarios que reduzcan al mínimo los efectos negativos sobre la inversión

Según sostiene el informe, “Transformar el Estado en un agente que promueva la igualdad de oportunidades y practique la redistribución eficaz es quizás el desafío más urgente que enfrenta América Latina a la hora de poner en marcha mejores políticas que estimulen el crecimiento y al mismo tiempo reduzcan la desigualdad y la pobreza”.

¡BIENVENIDOS!

2006-03-26T17:56:00.000-08:00

BANCO MUNDIAL

Argumentación IV

¡BIENVENIDOS!

El BANCO MUNDIAL, en cabeza de sus representantes Alejandra Tarazona, Estefanía Molina, Ana Carolina Lineros y José Manuel Acevedo, se complace en darles la bienvenida al Señor Presidente, su equipo de gobierno, Senadores, Medios de Comunicación y en general, a todos los participantes de la simulación, a este espacio que hemos destinado para tener un contacto más cercano con todos y cada uno de ustedes.

Esperamos que este portal resulte valioso para todos y contibuya a entender de mejor forma nuestra función como BANCO MUNDIAL y organismo multilateral, en lo que queda del curso.